La crisis que vivimos se debe, en gran medida, al uso y abuso que se ha hecho en los últimos años de las instituciones del Estado, que deben velar por el bien común de todos los españoles, y que se han puesto al servicio del sectarismo político, cuando no directamente al servicio de intereses personales. Para reconstruir la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, funcionarios y representantes políticos, es imperativo que se emprenda una agenda que tapone las fugas en el sistema que han quedado a la vista de todos.

Por todo ello, España necesita la puesta en marcha decidida y urgente de medidas encaminadas a recuperar y fortalecer los contrapesos y separación efectiva de los 3 poderes del Estado, la recuperación de la independencia judicial, en línea con lo que establece la Constitución; la recuperación del prestigio y neutralidad de instituciones como la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional; la despolitización de la alta dirección del Estado; la reforma del Indulto y prohibición de amnistías; la elección de los miembros directivos de organismos e instituciones independientes del Estado (Tribunal de Cuentas, CIS, RTVE, etc.) que garantice su idoneidad e independencia; o el fortalecimiento del poder legislativo con la mejora de su funcionamiento (obligatoriedad de presentar Presupuestos Generales del Estado, limitación del Decreto-Ley, prohibición de prácticas de filibusterismo parlamentario como el retraso de tramitación de proyectos de ley o el “préstamo” de diputados para constituir grupo parlamentario, etc.).

Después de décadas de exaltación permanente, hasta el ridículo, de lo que nos separa, es fundamental prestigiar lo que nos une como españoles. Este fortalecimiento pasa por reformas legislativas, un proyecto político que ponga acento en la unidad nacional y el impulso de programas, iniciativas y campañas que involucren a los ciudadanos en este propósito.

Es necesario cerrar el modelo competencial español y el sistema de financiación autonómica, evitando permanentes tensiones para arañar competencias al Estado por parte de las CCAA que provocan la desigualdad entre españoles; garantizar el derecho a estudiar y trabajar en español en todo el territorio nacional, en situación de igualdad con las otras lenguas españolas en las regiones donde estas sean cooficiales; garantizar la unidad de mercado nacional, acabando con las barreras autonómicas existentes; reformar la ley electoral para evitar la sobrerrepresentación en el Congreso de los Diputados de partidos minoritarios a escala nacional; fijar en la Ley del Deporte la representación internacional exclusiva de combinados nacionales; potenciar el conocimiento de la Historia de España, prestigiando la huella de nuestra Nación en la Historia Universal: la Hispanidad.

En los últimos años el crecimiento de los gastos corrientes de todas las administraciones del Estado se ha disparado, el sector público ha crecido hasta superar el 50% del PIB, absorbiendo una parte excesiva de la riqueza nacional, inhibiendo la capacidad de inversión tanto pública como privada. Todo ello se financia a través de un sistema fiscal confiscatorio y con la emisión de deuda, comprometiendo el bienestar de las generaciones futuras.

Por este motivo, es necesario una reflexión sobre el tamaño del Estado que necesitamos a todos los niveles, nacional, regional y local, así como una vasta operación de racionalización del gasto público en España, inspirada en presupuestos de Base Cero. Se debe abordar la reforma, reducción y simplificación de las estructuras administrativas para suprimir duplicidades y evitar a toda costa la falta de eficiencia en el gasto del dinero de todos.

La presión fiscal efectiva y el esfuerzo fiscal de España están por encima de la media del índice de la OCDE de competitividad fiscal, en el que España ha descendido al puesto 34 de los 38 países analizados. Este sistema fiscal confiscatorio provoca la reducción de libertades y del ahorro de los contribuyentes, la disminución de incentivos para invertir o crear empresas y hacerlas crecer, así como la fuga de talento, especialmente el más joven, y capital. Es necesario apuntar, además, que mientras se produce este saqueo fiscal, la calidad de los servicios públicos elementales (como la sanidad), en el mejor de los casos, no ha mejorado. Asimismo, es preciso revertir la continua demonización y el desprecio a la empresa privada, los empresarios y los autónomos, motores fundamentales de creación de riqueza, producción de bienes y servicios y generación de empleo. Mientras esta demonización se produce, se ha llevado a cabo una política de intervención permanente del Estado en la economía, entrando, cuando no tomando directamente el control, de empresas estratégicas.

Por increíble que parezca, un país como España no está aprovechando sus capacidades naturales para ser un auténtico motor europeo de crecimiento y emprendimiento. Para ello, se deben suprimir las barreras al emprendimiento, inversión y crecimiento empresarial actualmente existentes, se necesita con urgencia una reforma fiscal que alivie la carga burocrática y tributaria de ciudadanos, autónomos y empresas, con la eliminación de impuestos, como patrimonio, sucesiones y donaciones, que lastran el ahorro, el crecimiento y la inversión.

Vivimos tiempos en los que aparecen con claridad amenazas a nuestra seguridad tanto en el plano externo, con el actual contexto internacional, como interno, con la ruptura de la convivencia pacífica en nuestros barrios y el aumento de determinados tipos de organizaciones criminales y de delincuencia especialmente violenta. Es necesario llamar la atención del enorme impacto que para la seguridad está teniendo la inmigración masiva, que, ante la falta de estímulos y sanciones para propiciar su integración efectiva, se ha convertido en demasiadas ocasiones en un factor de desestabilización de la convivencia. Es imperativo reconocer estas amenazas a la seguridad de los españoles y actuar en consecuencia con rapidez y determinación.

Para ello, reclamamos la puesta a disposición de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado de los medios materiales y humanos necesarios para hacer frente a esta amenaza; la puesta en marcha de un plan de seguridad interior que incluya reformas legislativas que corrijan las dificultades actuales para perseguir y castigar el crimen, con particular atención a la multirreincidencia y las nuevas formas de delincuencia; la equiparación salarial real y efectiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas; un programa estable y sostenido de inversión en defensa en línea con nuestros compromisos internacionales y las necesidades de defensa nacional, especialmente en su flanco sur; un plan nacional de Protección Civil que despolitice la toma de decisiones y unifique la coordinación a nivel nacional de los medios para hacer frente a desastres naturales; y una política de fronteras seguras y gestión responsable y efectiva de la inmigración.

España, como muchos otros países occidentales, vive una crisis demográfica de enormes proporciones. Esta crisis tiene efectos privados (soledad, depresiones, falta proyecto vital), pero también públicos (falta de contingentes laborales, incremento de costes sanitarios, despoblación de zonas del interior, etc.). Si, por tanto, existen efectos públicos, desde lo público debe ayudarse a combatir esta falta de nacimientos de españoles con medidas de apoyo a la natalidad como rebajas fiscales para los padres, incentivos a las empresas que faciliten la conciliación, o la gratuidad de los costes educativos para padres de familias de más de un hijo, entre otras.

Íntimamente relacionado con lo anterior, sufrimos un problema gravísimo de escasez de viviendas que dificulta enormemente su adquisición o alquiler a cientos de miles de españoles, especialmente a las generaciones más jóvenes que no encuentran un espacio propio donde formar una familia y llevar adelante su proyecto personal. Tres son los problemas principales en este campo: falta de suelo, falta de viviendas en alquiler y precios disparados.

Además de medidas de mejora del poder adquisitivo, es necesaria una política de vivienda con los elementos siguientes: liberalización de suelo para que sea posible construir respondiendo a la demanda; aceleración de trámites, licencias y permisos a niveles nacional, autonómico y local y seguridad jurídica para la propiedad, con una legislación que desocupe los pisos ilegalmente habitados en veinticuatro horas sin excepciones ni demoras. Todo ello implica la derogación inmediata de la Ley de Vivienda, que ahuyenta la inversión y reduce la oferta al desincentivar a los propietarios a poner sus pisos en alquiler.

España, como muchos otros países occidentales, vive una crisis demográfica de enormes proporciones. Esta crisis tiene efectos privados (soledad, depresiones, falta proyecto vital), pero también públicos (falta de contingentes laborales, incremento de costes sanitarios, despoblación de zonas del interior, etc.). Si, por tanto, existen efectos públicos, desde lo público debe ayudarse a combatir esta falta de nacimientos de españoles con medidas de apoyo a la natalidad como rebajas fiscales para los padres, incentivos a las empresas que faciliten la conciliación, o la gratuidad de los costes educativos para padres de familias de más de un hijo, entre otras.

Íntimamente relacionado con lo anterior, sufrimos un problema gravísimo de escasez de viviendas que dificulta enormemente su adquisición o alquiler a cientos de miles de españoles, especialmente a las generaciones más jóvenes que no encuentran un espacio propio donde formar una familia y llevar adelante su proyecto personal. Tres son los problemas principales en este campo: falta de suelo, falta de viviendas en alquiler y precios disparados.

Además de medidas de mejora del poder adquisitivo, es necesaria una política de vivienda con los elementos siguientes: liberalización de suelo para que sea posible construir respondiendo a la demanda; aceleración de trámites, licencias y permisos a niveles nacional, autonómico y local y seguridad jurídica para la propiedad, con una legislación que desocupe los pisos ilegalmente habitados en veinticuatro horas sin excepciones ni demoras. Todo ello implica la derogación inmediata de la Ley de Vivienda, que ahuyenta la inversión y reduce la oferta al desincentivar a los propietarios a poner sus pisos en alquiler.

La política energética de España ha sido definida en los últimos años por medidas acientíficas inspiradas en el dogmatismo climático más sectario. Los resultados son elocuentes: la aparición de apagones por primera vez en décadas y precios de la energía disparados que están arruinando a nuestra industria y a nuestro sector primario.

Necesitamos una política que tenga como objetivo conseguir la tan ansiada autonomía energética, para superar las cifras actuales del escaso 22% de autoabastecimiento, para blindar a nuestros hogares y sectores productivos de un incierto panorama internacional. Este propósito va en paralelo con la necesidad de explotar responsablemente nuestros recursos naturales y priorizar las fuentes de energía que aseguren el suministro al precio más competitivo posible. En este sentido es clave el alargamiento de la vida útil de todas las centrales nucleares en operación, siempre que se asegure el estricto cumplimiento de las garantías de seguridad verificadas.

Después de unos años en los que la política exterior de España ha estado al servicio de una agenda partidista de la izquierda española e internacional, cuando no de las necesidades parlamentarias, puramente electorales, e incluso, de los intereses menos elevados de los miembros del gobierno, es necesario volver a definir una política exterior anclada en la defensa de los intereses
estratégicos de España, que no son otros que los del bien común de los ciudadanos. Es imperativo y urgente abandonar cualquier tipo de complicidad o tibieza con regímenes totalitarios, organizaciones terroristas o cómplices de redes de crimen organizado ya sea en Sudamérica, o en Oriente Próximo. Es necesario y urgente reconstruir los lazos diplomáticos, comerciales y culturales
con Iberoamérica y la recuperación de la posición tradicional de España de búsqueda de una paz estable y duradera en Europa y Oriente Medio. Frente a las tentaciones de alineamiento con China, vuelta a nuestro tradicional atlantismo.